Tiempo Ciudadano

El fin de una era y el inicio de una crisis global: la muerte de Jamenei y las consecuencias del ataque combinado de EE.UU. e Israel

junio 18, 2026

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por Gustavo Restivo

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, murió ayer 28 de febrero de 2026 en un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, confirmaron este domingo fuentes estatales iraníes tras una jornada de caos y combates en todo el país. Jamenei, de 86 años, encabezó durante casi cuatro décadas un sistema teocrático basado en la autoridad religiosa y el control absoluto de las instituciones políticas, militares y judiciales de Irán. Su liderazgo se caracterizó por una postura intransigente frente a Occidente, el fomento de redes de influencia en Oriente Medio y la persistente confrontación con Washington y Jerusalén.

El ataque, bautizado por el Pentágono como Operation Epic Fury y ejecutado con la coordinación de aviones, misiles y drones estadounidenses e israelíes, tenía como objetivos críticos instalaciones militares, nodos de mando y, según fuentes de inteligencia de EE.UU., la ubicación de Jamenei y otros líderes del régimen. Israel declaró que la muerte del ayatolá fue resultado de “una operación precisa” basada en datos aportados por la CIA. La confirmación final del fallecimiento llegó tras la difusión por parte de medios estatales iraníes de la noticia y el inicio de un luto nacional de 40 días.

Desde la perspectiva de Washington y Tel Aviv, la ofensiva responde a una amenaza acumulada. En los últimos años, Teherán aceleró su programa nuclear tras el colapso de las negociaciones diplomáticas, expandió su respaldo a actores como Hezbolá, Hamas y los hutíes, y profundizó vínculos estratégicos en Siria e Irak. La combinación de estos factores alimentó la percepción en EE.UU. e Israel de que la República Islámica perseguía capacidades que desestabilizarían aún más una región ya fracturada, justificando lo que calificaron como un ataque preventivo de gran escala.

No obstante, el costo inmediato ha sido devastador. Las fuerzas iraníes han respondido con misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y objetivos israelíes, ampliando el conflicto a múltiples frentes. El impacto en la población civil es grave: cientos de muertos y miles de heridos se registran en varias provincias y ciudades, incluido un ataque contra una escuela en Minab que causó decenas de víctimas entre ellos niños.

A nivel geopolítico, la situación muestra dos vectores: por un lado, la eliminación de Jamenei representa un golpe sin precedentes al centro de poder iraní, cuya figura era el eje de la política exterior y de seguridad de la República Islámica. Por otro, el vacío de liderazgo y la ausencia de un sucesor claramente establecido abren la puerta a una fase de inestabilidad interna, donde los cuerpos de poder militar —especialmente la Guardia Revolucionaria— podrían disputar el control, incrementando el riesgo de una prolongada guerra regional.

La muerte de Jamenei y la escalada armada redefinen el mapa de tensiones en Oriente Medio con consecuencias globales: actores como Rusia y China han condenado el ataque, mientras potencias europeas instan a la desescalada. En tanto, la incertidumbre sobre el futuro político de Irán y la posible redefinición de su posición estratégica constituyen el desafío más inmediato para la diplomacia y la seguridad internacional.

Irán tras la muerte de Jamenei: transición institucional bajo fuego cruzado

La muerte de Ali Jamenei, confirmada tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, no sólo cerró un ciclo de 37 años de liderazgo absoluto; abrió una etapa de transición en medio de una confrontación militar abierta. A los 86 años, el líder supremo —eje del sistema político-religioso iraní desde 1989— fue alcanzado en una ofensiva que Washington y Tel Aviv presentaron como un golpe estratégico contra la arquitectura de poder del régimen.

En las horas posteriores, la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema anunció la conformación de un consejo interino tripartito para garantizar la continuidad del Estado hasta que la Asamblea de Expertos designe a un nuevo líder supremo. El cuerpo quedó integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatolá Alireza Arafi, jurista del Consejo de los Guardianes y referente del clero político.

La fórmula busca enviar una señal de estabilidad en un momento crítico. Pezeshkian aporta legitimidad ejecutiva; Mohseni Eyei, control institucional y judicial; Arafi, anclaje doctrinal y vínculo con el órgano que supervisa la constitucionalidad y los procesos electorales. Sin embargo, el equilibrio real dependerá del posicionamiento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), actor con capacidad operativa y ascendencia estratégica sobre la política de seguridad y el programa misilístico.

El trasfondo del ataque remite a una escalada sostenida: aceleración del programa nuclear iraní tras el colapso de negociaciones, expansión del apoyo a actores armados en la región y sucesivas advertencias israelíes sobre la “línea roja” estratégica. La respuesta iraní —misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en el Golfo— confirma que el conflicto se mueve en una lógica de disuasión ampliada.

En el plano interno, la transición se produce con una economía presionada por sanciones, inflación estructural y malestar social acumulado. La elección del sucesor será determinante: un perfil alineado con la línea dura consolidaría la doctrina de resistencia; una figura más pragmática podría explorar canales de desescalada sin alterar los pilares del sistema.

La clave inmediata no es sólo quién suceda a Jamenei, sino cómo interactúen el consejo interino, la Asamblea de Expertos y la Guardia Revolucionaria. En esa articulación se juega no sólo la estabilidad de Irán, sino el alcance de una crisis que ya trascendió sus fronteras y reconfigura el equilibrio de poder en Medio Oriente.

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24 de marzo: 50 años de Memoria y deuda estructural

junio 18, 2026

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Política

El 24 de marzo amanece como una escena repetida. No en los libros, sino en la calle. Las baldosas todavía húmedas, las primeras banderas desplegándose, los nombres que vuelven a pronunciarse. No es un recuerdo abstracto: es una coreografía social que se activa cada año. En ese gesto, casi ritual, se condensa una pregunta que la Argentina no termina de resolver.

La escena original, sin embargo, ocurrió en otro tono. La madrugada del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuvo épica visible. Fue, en términos operativos, un movimiento preciso: tropas desplegadas, cadenas de mando activadas, centros neurálgicos ocupados. Para cuando la mayoría de la población despertó, María Estela Martínez de Perón ya no ejercía el poder. El Estado había cambiado de manos sin mediación electoral, pero no sin antecedentes.

Porque esa madrugada no irrumpe en el vacío. Venía precedida por una secuencia acumulativa: inflación creciente, parálisis decisional, violencia política escalando en múltiples direcciones. Las organizaciones armadas, como Montoneros y el ERP, intensificaban sus acciones. Al mismo tiempo, desde el propio Estado y sus márgenes, la Triple A ejecutaba una represión clandestina. El orden institucional no solo estaba tensionado: estaba erosionado en su capacidad básica de arbitrar el conflicto.

En ese cuadro, el gobierno de la viuda de Perón intentó sostener una lógica de intervención estatal heredada del último Juan Domingo Perón. Hubo avances en materia de regulación económica, fortalecimiento del sistema de medios bajo órbita estatal y la sanción de normas relevantes como la Ley de Contrato de Trabajo. También se promovieron medidas vinculadas a la nacionalización de sectores estratégicos y al control del sistema financiero. Sin embargo, ese conjunto de decisiones convivió con una creciente desarticulación del poder político y una pérdida acelerada de capacidad de gestión. La contradicción fue evidente: mientras se intentaba afirmar un modelo de Estado, el propio Estado se debilitaba en su funcionamiento efectivo.

En 1975, los decretos de “aniquilamiento” formalizaron un cambio cualitativo. El Operativo Independencia en Tucumán marcó el ingreso pleno de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Allí se ensayó una lógica que luego se expandiría: identificación difusa del enemigo, suspensión de garantías, opacidad en los procedimientos. Cuando en 1976 los militares toman el poder, esa matriz no se crea: se sistematiza.

Lo que sigue es conocido en sus efectos, pero no siempre en su mecánica. La llamada “lucha antisubversiva” se transforma en un dispositivo de control total. Centros clandestinos, desapariciones forzadas, circuitos de inteligencia. No se trató solo de eliminar estructuras armadas, sino de intervenir sobre el tejido social. El método fue ilegal incluso bajo las propias normas que el régimen decía defender.

Hasta aquí, los hechos. Pero la escena del presente introduce otra capa. Cada 24 de marzo no solo recuerda aquel quiebre, también expone una dificultad persistente: la incapacidad de la dirigencia argentina —en distintos ciclos históricos— para estabilizar un horizonte común. La dictadura no resolvió la crisis que decía venir a ordenar; la profundizó de manera trágica. Pero, en democracia, el problema tampoco encontró una salida estructural. Desde el ciclo iniciado por Raúl Alfonsín hasta al gobierno de Alberto Fernández, se registraron avances y retrocesos, pero no una reconfiguración sostenida del Estado que alterara el patrón de deterioro económico, fragmentación social y crisis educativa.

En ese punto, la discusión suele desviarse hacia una falsa simetría. La violencia insurgente de organizaciones como el ERP o Montoneros fue real, tuvo impacto y contribuyó a la escalada del conflicto. Pero no operaba desde la misma estructura de poder. No se trata solo de quién ejerce la violencia, sino desde dónde se ejerce. El Estado —aun en crisis— tiene la obligación de sostener el orden jurídico; cuando lo abandona y actúa en la clandestinidad, no compite con otros actores violentos: rompe las reglas que lo constituyen. Ese quiebre no solo produce víctimas directas, sino un daño más profundo y persistente: la degradación de las instituciones, la opacidad del sistema y la erosión de la confianza social.

La escena inicial —la gente en la calle, los nombres, las consignas— sigue siendo verdadera. Pero ya no alcanza por sí sola para explicar el presente. La memoria, si quiere ser algo más que repetición, necesita incorporar una pregunta incómoda: no solo cómo se rompe un sistema político, sino por qué, décadas después, tampoco logra consolidarse plenamente.

Quizás ahí radique la tensión central de esta fecha. No en lo que ocurrió —eso está documentado, probado, juzgado—, sino en lo que todavía no termina de resolverse. Porque recordar no es solo mirar hacia atrás. Es, también, medir la distancia entre lo que se prometió reconstruir y lo que efectivamente se pudo sostener.

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Cuando la fe ocupa el vacío del poder

junio 18, 2026

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Debates

Por Gustavo Restivo -

La escena política argentina atraviesa una mutación silenciosa pero profunda: mientras los partidos tradicionales se fragmentan y pierden capacidad de representación, emergen nuevas formas de liderazgo que ya no se legitiman en la discusión pública sino en la conexión emocional. En ese desplazamiento, figuras como Dante Gebel dejan de ser exclusivamente religiosas para convertirse en síntomas de una época donde la política ha cedido terreno, y donde la fe —o su puesta en escena— comienza a ocupar un lugar que antes pertenecía al debate, la ideología y la construcción colectiva.

Hay países que se degradan por la pobreza y otros por la pérdida de sentido. La Argentina parece haber elegido este segundo camino, más silencioso y acaso más peligroso. En ese vacío simbólico, donde la política ha dejado de ofrecer horizontes y apenas administra ruinas, emergen figuras como Dante Gebel: no como anomalías, sino como productos inevitables.

El diagnóstico que insinúa Alejandro Seselovsky en su nota "Vuela, Gebel"(1) no debería descartarse con ligereza. Una sociedad que delega en predicadores mediáticos la tarea de ordenar su angustia es, en algún punto, una sociedad que ha sido desplazada de la racionalidad pública hacia el terreno de la contención emocional. No es religión lo que avanza: es el reemplazo de la política por formas más primarias de pertenencia.

Pero sería un error atribuirle a los evangélicos una astucia que la política ha perdido. Como bien señalaba el análisis de “Pastores al Poder”, no hay aquí una conspiración sino una oportunidad. Donde los partidos se vaciaron, otros ocuparon el espacio. Donde la militancia se convirtió en simulacro, las iglesias ofrecieron comunidad real. La pregunta, entonces, no es por qué avanzan, sino por qué nadie pudo detener esa avanzada.

El dato más inquietante no es que un pastor sea tentado por un peronismo fragmentado —eso responde a la lógica oportunista de un sistema en crisis—, sino que esa invitación resulte verosímil. Que la política, incapaz de regenerarse, busque en la fe una prótesis de legitimidad, revela hasta qué punto ha renunciado a sí misma.

En la Argentina, gobernar por fuera de estructuras es imposible; pero esas estructuras han perdido toda densidad moral. No hay examen de conciencia, no hay mea culpa, no hay siquiera explicación. Solo hay representación sin representados, poder sin responsabilidad, discurso sin verdad. El ciudadano, agotado, ya no espera redención: apenas administra su desencanto.

Tal vez, después de todo, la pregunta no sea si estamos ante un país “psiquiatrizado”, sino ante uno que ha decidido abdicar de la razón política. Y cuando eso ocurre, la historia ofrece pocas alternativas: o se reconstruye el sentido de lo público, o se acepta que otros —pastores, influencers, caudillos— lo harán en su lugar. Con menos preguntas y, casi siempre, con respuestas demasiado simples.

Fuente: (1) Nota recuperada de https://www.eldiplo.org/322-la-fiebre-de-la-guerra/vuela-gebel/

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