Pastores al Poder: ¿Fe o Estrategia?
Por Gustavo Restivo
Un hecho reciente aporta elementos para el análisis: el gobernador Martín Llaryora derogó artículos de una normativa que imponía restricciones administrativas a las iglesias, facilitando su legalización como personas jurídicas religiosas. El gesto fue interpretado como un avance en la libertad de cultos, pero también como un movimiento táctico frente a un actor político en ascenso. ¿Fue una concesión bajo presión? ¿Tal es el poder de movilización de los credos que los gobiernos prefieren sumarlos antes que enfrentarlos?
Hay que tener en cuenta la creciente capacidad de movilización territorial de estas iglesias. En numerosos barrios, donde el Estado es ausente o ineficiente, las comunidades evangélicas ya hicieron el trabajo: asistencia, redes de solidaridad, liderazgo moral. ¿Será que los sectores políticos están acudiendo a esas entidades que ya hicieron base? ¿Cuál es el motivo de esta jugada de piezas? No se trata solo de fe: se trata de estructura, votos y legitimidad.
Un análisis más profundo, como el que desarrolla Pablo Semán en su trabajo “Evangélicos, política y poder en la Argentina reciente”, muestra que el crecimiento de los evangélicos no fue lineal ni uniforme. Su politización es reciente y se explica más por la sedimentación territorial, el rechazo a la agenda de género y la búsqueda de reconocimiento, que por una ideología homogénea. En efecto, hasta hace pocos años los evangélicos votaban, en términos generales, como sus vecinos católicos: peronismo en los sectores populares y antiperonismo en las clases medias. Pero eso cambió.
Desde la masiva movilización contra la legalización del aborto en 2018, los evangélicos pasaron a ser un actor público de peso, con capacidad de disputar calle y agenda. Al no contar con una organización verticalizada, como la Iglesia Católica, su accionar es más fragmentado pero también más dinámico. Esta fluidez les permite formar alianzas transversales: en 2019, apoyaron desde Juntos por el Cambio hasta candidaturas propias como la de Cynthia Hotton, pasando por sectores del peronismo que comprendieron la importancia de contenerlos sin confrontarlos directamente.
El documento del CONICET remarca una paradoja: aunque no logran consolidar un “voto evangélico” unificado, su peso simbólico y territorial ha hecho que los principales espacios políticos busquen integrarlos. En palabras de Semán, los evangélicos se convirtieron “en dinamizadores del giro político autoritario”, especialmente allí donde las agendas de diversidad y género generaron fricciones con los sectores conservadores.
En este escenario, el caso del pastor Héctor Giménez, acusado por estafas y curas milagrosas durante la pandemia, y otros similares, exponen la necesidad de establecer límites claros entre libertad religiosa y responsabilidad pública. La fe, cuando se convierte en plataforma de poder sin regulación, puede ser funcional a intereses ajenos al bien común.
La decisión de Llaryora, entonces, debe leerse en clave política: no solo como una política de inclusión, sino como una estrategia de acercamiento a sectores evangélicos con creciente peso electoral. Y si bien eso no es ilegítimo en una democracia plural, plantea el desafío de preservar la autonomía del Estado frente a influencias confesionales que podrían poner en riesgo principios básicos de la laicidad y los derechos individuales.
La fe puede orientar, inspirar, humanizar. Pero no puede reemplazar al debate democrático, ni imponer moralinas por sobre derechos consagrados. La sociedad argentina deberá estar atenta para que este nuevo actor político no se convierta en juez de lo público sin rendir cuentas. Porque entre el púlpito y el poder, lo que está en juego es mucho más que una elección: es el tipo de república que estamos dispuestos a defender.
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